lunes, 31 de octubre de 2011

¿Qué se pide cuando se pide independencia?

Un temporal azota Euskadi
Es realmente complicado hacer que un economista entienda (hoy) el concepto de nación. Desde nuestro punto de vista, existe una esfera de decisiones que tomar de forma individual y otra esfera de decisiones que tomar de una forma conjunta, en sociedad. Decisiones tales como “cuántos parques queremos pagarnos a costa de consumo privado”, “cómo debemos redistribuir el dinero”, etc, etc, etc. La sociedad, a su vez, no se define de una forma arbitraria, sino en función de las decisiones a tomar y las personas implicadas. ¿Tengo yo que decidir cuánto se gasta un salmantino en unos parques que sólo visitaré en virtud de turista? Desde luego que no. Sin embargo, si Salamanca y Zaragoza comparten una misma moneda, la decisión social de cómo gestionar la política monetaria sí nos incluirá a ambos a la fuerza, puesto que la impresión de euros, con indiferencia de dónde se realice, nos afecta prácticamente por igual.

Es por esto que la sociedad acaba necesitando dividirse en “niveles” de decisión, en función de la materia a tratar. A saber, en el día de hoy el municipio de Zaragoza estaría incluido en la ONU, en la Unión Europea, en el G20, en España, en la comunidad de Aragón, en la provincia de Zaragoza y, por último, tendría una esfera de decisión exclusiva como ciudad. Aún es más, un ciudadano zaragozano también estaría incluido en su barrio, su asociación de vecinos y, poniéndonos quisquillosos, el grupo de personas con el que comparta su vivienda. ¡Todo esto aparte de su extenso abanico de decisión individual!


Así, cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo en reclamar la independencia de su nación, ¿exactamente, qué reclaman? ¿total libertad para actuar como les dé la gana, en detrimento de sus vecinos si se da el caso? ¿o, exclusivamente, el apelativo de nación?

Es un matiz muy importante, y para muestra un botón: Cuando un gobierno establece estímulos fiscales para reactivar la actividad económica de una sociedad, importa poco dónde realice el gasto en términos geográficos, pues la observación nos ha demostrado que el mismo se filtra interregionalmente y acaba afectando en un área geográfica francamente vasta. Pongamos que ahora, a las regiones afectadas, les preguntamos si desean participar (con su bolsillos) en el gasto que supone el estímulo o no hacerlo, pero sabiendo que el resto sí lo harán. De no entrar la solidaridad de por medio, ¿por qué iban a gastarse nada, pudiendo beneficiarse igual?

Por supuesto, éste es un problema que puede solucionarse mediante el establecimiento de fronteras, aranceles y todo tipo de trabas a la interacción, si es eso lo que queremos. Al final todo constituiría por tanto un análisis coste-beneficio, y el coste de poner barreras estrictas -nos dice la historia- es tan elevado, que no suele tener mucho sentido recurrir a medidas así, por mucho que sean legítimas.


De todas formas, las voces independentistas que se escuchan en España no acostumbran a seguir este camino. No se trata de un “quiero establecer esta medida”, o “estoy dispuesto a cerrar mis fronteras para adoptar tales políticas”. La independencia no conforma un medio, sino que es un objetivo en sí. Y el conflicto, en estos términos, se reduce a la tontería siguiente: Si un país consigue la independencia, una serie de personas (los independentistas) se ve afectada positivamente al conseguirla, y otra (constituída por los anti-independentistas) se ve afectada negativamente. La decisión debería estar, por tanto, en manos de todos: Una región, hemos quedado, no debe tomar nunca por su cuenta decisiones que afecten negativamente a las que le rodean...

Claro, llegados hasta aquí, la pregunta más acertada que cabría hacerse es: ¿Y si a un zaragozano le molesta que Salamanca esté muy bonita con un montón de parques? ¿No debería ese maño tomar parte en la decisión de cuántos parques se construyen en Salamanca?

Y la respuesta es... que sí, sin dudas. Viéndolo así...


Pocas vueltas más hay que darle para deducir que el debate tendría que llevarse un poco más allá. Quizás convertirlo en conflictos más auténticos, buscar la lógica. Por ejemplo, ¿quizás no sea tan descabellado eliminar de las aulas el castellano en una sociedad donde el idioma común es (se supone) el inglés?

Sé que al final el debate es una competición más de las que tanto nos gustan, Apple contra Android, un PP - PSOE o un Barça - Madrid, donde nuestra opinión está sentenciada mucho antes de entrar a debatir. Pero, a favor de la cordura, siempre quedará un punto de vista objetivo. Supongo que la labor científica aquí se reduce a... demostrarlo.

miércoles, 19 de octubre de 2011

Desenmascarando... la dación en pago

La crisis económica ha llevado a mucha gente a una situación condenadamente trágica. Una situación muchas veces francamente injusta y que, en un ejercicio de humanidad, deberíamos considerar un problema social, de todos, y no solo de aquellos directamente afectados. Llámalo solidaridad, llámalo 'te podría tocar a ti mañana', lo que importa es que nuestro bienestar está directamente ligado a nuestro comportamiento social y, por más que muchos (por lo general no economistas) así lo afirmen, no hay espacio en la ciencia económica para refutar esta sentencia.

Manhattan desde el Empire State in Tilt Shift


Sin embargo, no por ello todo se convierte en el mundo de Oz y el país de la piruleta. Cuando un problema se trata obviando el rigor conveniente, se produce necesariamente un cisma entre la lógica e intereses y sinrazones que acaba conduciendo a la inmovilidad más nociva para los propios decisores. Ya lo vimos hace unos años, cuando se probó que, tal como defiende la ciencia económica, era necesaria una estricta regulación de sistema financiero, y acabó por no hacerse nada. Lo hemos visto en Grecia, un país donde se ha insuflado una ingente cantidad de dinero para no ser capaz de tomar las decisiones oportunas sobre cómo gestionarlo, y resultando en una quiebra prácticamente total de su Estado y en una tensión al alza de su moneda. Y bien, ahora lo estamos viendo en la gestión del problema hipotecario, una auténtica confrontación entre agentes que en su día casi se peleaban por endeudarse y que hoy, tras una enorme inversión fallida, reclaman una solución que no afecte a sus bolsillos.


'Los banqueros son unos cerdos' nos hartamos el Sábado, 15 de Octubre, de oír en las calles. 'Podrían condonar toda la deuda de las familias desalojadas y seguirían obteniendo beneficios, razón por la cual debería establecerse con carácter retroactivo la dación en pago'.
Pues bien, dentro de las limitaciones del blog, como siempre, aquí vamos a buscar una versión, cuanto menos... más completa. Qué menos que intentarlo:

En primer lugar, deberíamos hablar de las familias afectadas. Sin dar roles de buenos y malos, son familias que en su momento se aprovecharon del sistema de responsabilidad ilimitada (esto es, puedo comprometerme con mi banco cuanto quiera) para adquirir inmuebles como si no existiera un mañana. ¿Estaban obligados a hacerlo? ¿No existía más opción? Sí, si que existía, y pasaba por la posibilidad de negociar con tu banco una responsabilidad limitada (a cambio de un aumento sustancial en los intereses, por supuesto), adquirir un vivienda más barata o, como la mayoría parece estar olvidando, tirar de alquiler. España, un país que siempre ha brillado por sus lazarillos de Tormes, tiene el honor de ostentar el puesto de país donde más se compra, y menos se alquila, y de hacerlo además con diferencia. ¿Que comprar ha sido históricamente una gran opción porque implicaba beneficiarse del aumento en el precio de la vivienda? Puede ser, pero a eso se le conoce como especular, y se trata de una forma de obtener riqueza francamente improductiva que consiste en asumir un riesgo. Y los riesgos, hasta donde yo sé, no siempre tienen que salir bien.

Claro, que entre las medias verdades que se nos han contado está la de que estas familias no eran conscientes del riesgo adoptado. 'Un sistema complicado les ha metido en una situación a la que nunca creyeron estar expuestos'. Ajá. Lo mismo le pasa a un excompañero drogadicto; su problema es el resultado de un conocimiento impreciso sobre biología. ¿Han probado a preguntarle a alguien qué sucede cuando uno no puede pagar una deuda? Si todos pensaban que los impagos se solucionaban mediante una dación en pago, ¿por qué creían que el banco estaba interesado en un aval? Es innegable que el sector bancario se ha aprovechado en multitud de ocasiones de la imprudencia de su cliente para establecer unas cláusulas abusivas, pero existe una tremenda distancia entre el negro y el blanco, y el problema que tratamos es de un gris bastante claro. Y es que nadie ha firmado una hipoteca obligado.

Seguimos, puesto que otro de los baluartes de quienes defienden la dación en pago es que nadie es responsable de una crisis económica, y por tanto es injusto que tenga que pagar sus consecuencias. Y estoy de acuerdo. Pero la crisis sigue existiendo. No existe manera de que deje de hacerlo. Y, si bien se condena al economista académico por su incapacidad para predecir el cómo y el cuándo, cualquiera que viese en tiempo de bonanza los medios era perfectamente consciente de que existía una burbuja inmobiliaria que había de acabar pinchando, y que llevaba inflándose mucho más tiempo del esperado. Ahora resulta que la masa de fondos que prefirieron desoír el advenimiento del desastre y continuar invirtiendo en ladrillo porque la rentabilidad de hacerlo era enorme, merecen ser perdonados. Una inversión de alto riesgo y alta rentabilidad sale mal, ¡y la culpa es del banco! ¡y es el banco quien tiene que pagar por ella!


Y es que somos un pelín hipócritas al juzgar el comportamiento de los bancos en todo esto. Al fin y al cabo, su papel ha sido sustancialmente el de permitir la especulación a quien optase por esta vía. Ahora que ha salido mal, se dice que el banco tiene la obligación de prestar activos de alto valor y después reobtenerlos a un precio más bajo cuando la jugada acaba en pérdidas. Claro. Pero la pregunta es, ¿en esas condiciones, los habría prestado? ¿es que no tienen ningún valor los contratos firmados? ¿no existe la seguridad jurídica? Se trata de algo demasiado grave para cambiarlo como si no pasase nada. No hablamos de un cambio concreto; hablamos de la deslegitimación de un sistema jurídico al completo. De aprobarse una medida como ésta, todos los acuerdos futuros se verían obligados a añadir una 'prima' que compensase la posibilidad de que, de la noche a la mañana, un gobierno se decantase por hacer que tal acuerdo no tiene ningún significado.  Y aquí saltan preguntas como: ¿por qué nadie se quejó ANTES de que todo explotase en nuestras manos? ¿dónde estaban esas voces? ¿acaso eran los contratos tan opacos que nadie era capaz de descifrarlos? Tenemos un problema de inconsistencia temporal muy, muy parecido a lo que se conoce como demagogia. Hubo tiempo para manifestaciones y para críticas antaño; y nadie le quiso hacer caso. ¿También tienen de eso la culpa los bancos?

Para terminar, por no hacer el texto más largo, conviene aclarar algunas cosas. En primer lugar, cuando uno compra una casa adquiere al tiempo la posibilidad de adaptarla al gusto subjetivo. Cada cambio aporta valor al inmueble para ti, pero si no se incluía de serie por lo general hace lo contrario a ojos del mercado. Es decir: Está muy bien que quieras una habitación menos a cambio de un salón con más espacio, pero tu casa baja de precio por ello. Si esa casa se devuelve tal cual al banco, esa bajada de precio la asimila la entidad, que te vendió tu casa con menos salón y más cuartos. En segundo lugar, cuando una familia sabe que va a ser desalojada tiende a descuidar el cuidado de su hogar, restando de nuevo valor al inmueble. Es algo más que un supuesto: cuando un piso está a las puertas de ser devuelto, automáticamente los pisos que le rodean bajan de precio. De nuevo, le exigimos ese sacrificio al banco. Por último, el agujero creado en nuestra banca por el impago de viviendas es MUY superior al que publicitan los propios bancos (4000 millones de euros). Y es que aquí nadie piensa en el perjuicio que supone para un banco que sus inversores vean posible un cambio de reglas que los deje en quiebra.

Ojalá todo fuese mucho más sencillo y evidente. Sería ideal que todos pudiésemos decantarnos por los buenos, que los economistas no hicieran falta y que todo se solucionase con un par de razonamientos básicos. Pero no lo es. Por fortuna, existe una serie de profesionales tratando de solucionar cada uno de nuestros mayores problemas como especie. Incluido, por supuesto, éste.